A finales de julio de 2017, un agente del FBI apostó dinero del gobierno federal en un casino de Las Vegas. No se trataba de una operación encubierta ni de una estrategia calculada. Después de haber beber unas copas Scott Carpenter, quien lideraba una investigación en la ciudada tomó parte de los fondos federales asignados y se fue al casino Bellagio
El origen del operativo federal
En julio de 2017, el FBI desarrollaba una investigación compleja sobre corrupción deportiva y apuestas ilegales en el ámbito universitario. La operación exigía viajes, reuniones encubiertas y el uso de dinero controlado. Scott Carpenter, destinado en la oficina de Nueva York, fue seleccionado para liderar parte del operativo en Las Vegas. Junto a otros tres agentes, se alojó en una suite del hotel Cosmopolitan.
Al equipo se le asignaron más de cien mil dólares. Esos fondos tenían un único propósito: facilitar la investigación. El uso del dinero estaba estrictamente regulado. No era un recurso flexible ni personal. Entre el 27 y el 31 de julio, la operación se ejecutó según lo previsto. Se lograron contactos clave y se obtuvieron pruebas relevantes. En términos investigativos, la misión fue un éxito.
Una vez finalizada la operación, los protocolos eran claros. Todo el dinero debía ser documentado y devuelto. Sin embargo, la última noche en la ciudad cambió el curso de los hechos. Los agentes decidieron aprovechar la estadía ya pagada. Pasaron la tarde bebiendo alrededor de la piscina del hotel.
La noche que rompió el protocolo
Carpenter consumió grandes cantidades de alcohol. Luego tomó una decisión que rompería su carrera. Subió a la suite, abrió la caja fuerte y tomó diez mil dólares del fondo operativo. Se dirigió directamente al casino Bellagio. En la sala de apuestas de alto límite, comenzó a jugar blackjack como si el dinero fuera propio. Apostaba sumas cercanas a los 750 dólares por mano.
En menos de dos horas, perdió los diez mil dólares iniciales. Presionó entonces a un compañero para obtener más efectivo. Ese dinero también se perdió. Las pérdidas totales alcanzaron los trece mil quinientos dólares. Aquella noche no se levantó ningún informe. Tampoco al día siguiente.
El FBI confió en sus agentes. Esa confianza se convirtió en un punto ciego. Carpenter regresó a su rutina profesional. La investigación continuó y terminó con condenas judiciales. Durante años, nadie cuestionó los gastos del operativo. El dinero no desapareció de forma evidente. Para el casino, Carpenter era solo otro jugador. Para el Estado, seguía siendo custodio de fondos federales.
En 2021, el Departamento de Justicia revisó operaciones pasadas vinculadas a corrupción deportiva. La auditoría no buscaba apuestas. Buscaba coherencia contable. La Oficina del Inspector General detectó un desajuste. Fondos autorizados no coincidían con los informes. El origen del problema llevaba a Las Vegas.
Y a un nombre: Scott Carpenter. No había registros que justificaran el uso del dinero. La anomalía era clara y verificable.
Confesión y proceso judicial
Carpenter fue citado y confrontado con las pruebas. Reconoció los hechos sin negar la realidad. Argumentó estrés personal y consumo de alcohol. También afirmó haber informado a un supervisor sin recibir sanción. Nada de eso cambió la naturaleza del acto. Según los registros judiciales, Carpenter sabía que apostaba dinero público. No alegó confusión ni error administrativo.
La confesión convirtió una irregularidad interna en un delito federal. La fiscalía del Distrito de Nevada asumió el caso. El cargo fue uso indebido de fondos públicos. La jueza federal Gloria Navarro dictó la sentencia final. Carpenter fue condenado a noventa días de prisión.
También recibió libertad supervisada y restitución del dinero. Se le prohibió consumir alcohol y entrar a casinos. El FBI lo suspendió y cerró su carrera. El tribunal fue claro. El delito no estaba en el monto, sino en el abuso de confianza.
Carpenter no perdió años de libertad. Perdió credibilidad institucional.
